El gobierno federal aprobó una profunda reforma en el sector de las telecomunicaciones que cambia por completo la estructura regulatoria del país. Con esta nueva ley, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo creado en 2014, dejará de existir y será reemplazado por dos nuevas entidades: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
La decisión forma parte de un paquete de reformas impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, que busca modernizar la infraestructura digital del país y fortalecer la coordinación gubernamental en temas de conectividad, radiodifusión y economía digital. Según el decreto, la ATDT será responsable de las políticas públicas, de promover la inclusión digital y de supervisar el desarrollo tecnológico, mientras que la CRT se encargará de las tareas técnicas: concesiones, licencias, uso del espectro radioeléctrico y regulación del mercado.
La nueva ley también reestructura el sistema de concesiones para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. El objetivo es unificar bajo un mismo marco legal los usos comerciales, sociales y comunitarios, reduciendo trámites y dando más flexibilidad a los operadores. Aun así, el gobierno asegura que se mantendrán los principios de libre competencia, protección al usuario y neutralidad en la red.
Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de polémica. Diversos especialistas y analistas del sector han manifestado preocupación por la pérdida de autonomía que implicará la desaparición del IFT. Este organismo era considerado un contrapeso técnico e independiente del poder ejecutivo, con la capacidad de imponer sanciones y regular a grandes actores del mercado. Con la nueva estructura, la CRT quedará bajo supervisión directa de la ATDT, lo que ha despertado dudas sobre su independencia real.
Otro punto de debate tiene que ver con los compromisos internacionales de México, especialmente los acuerdos del T-MEC, que exigen mantener reguladores autónomos en materia de telecomunicaciones. Aunque el gobierno argumenta que la nueva estructura cumple con estos requisitos, la transición deberá realizarse con cuidado para evitar fricciones con los socios comerciales.
En términos prácticos, el cambio no será inmediato. Durante los próximos meses, el IFT continuará operando de forma provisional mientras se nombran los comisionados de la nueva CRT y se transfieren recursos, personal y expedientes pendientes. Este proceso de transición podría extenderse hasta mediados de 2026.
Desde el punto de vista político, la reforma consolida la estrategia de digitalización del gobierno, que pretende unificar esfuerzos en materia de conectividad, ciberseguridad, administración de datos y modernización de redes. En el discurso oficial, se habla de “democratizar el acceso a internet” y de crear un marco regulatorio más ágil y menos burocrático.
No obstante, el verdadero impacto se verá con el tiempo. Si la nueva estructura logra mantener la transparencia y la competencia, México podría avanzar hacia un modelo de telecomunicaciones más eficiente y moderno. Pero si la reforma deriva en una concentración excesiva del poder o en decisiones políticas que afecten la competencia, el país podría retroceder una década en materia regulatoria.
Por ahora, la industria observa con cautela. Las empresas del sector esperan claridad sobre los nuevos procedimientos, la renovación de concesiones y las políticas que regirán la entrada de nuevos jugadores en el mercado. Los próximos meses serán clave para saber si este cambio representa un salto hacia el futuro digital o una regresión en la autonomía del sistema de telecomunicaciones mexicano.
